El conflicto del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) a raíz de la construcción de una carretera que pasa por medio de esas tierras, ha derivado desde sus inicios en situaciones conflictivas y en un problema que si no es reconducido en la búsqueda de soluciones racionales puede generar descontrol social y un caos constitucional y legal.
Este asunto ha estado caracterizado por improvisaciones sin tomar en cuenta que proyectos como la construcción de una carretera que pasa por un territorio indígena, siempre importa conflicto en cualquier país del mundo. El problema, como se sabe, derivó en una marcha de los indígenas de tierras bajas reprimida por la Policía, lo que dañó significativamente la imagen del Gobierno, pero además originó un enorme movimiento de solidaridad de la población paceña con muestras de afecto a los marchistas. Hoy otra marcha, de otro sector indígena, pugna en La Paz por la derogación de la Ley 180 que fue promulgada por la presión de la primera marcha y que declara "intangible" la reserva natural, lo que impide la ejecución de la polémica carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y otros proyectos.
Las marchas y contramarchas inscritas entre las medidas de presión, no son factores aconsejables para la solución de conflictos y por el contrario en ellas confluyen intereses políticos como actualmente se observan en un panorama que al parecer ha ingresado a lo político en sentido de que sectores del oficialismo y la oposición asumen posiciones radicales. Lo que debía analizarse en un ambiente de estudio y reflexión, de propuestas alternativas de solución al problema planteado, ahora ha derivado al plano político, un ámbito escabroso porque impide las soluciones concertadas dentro de la racionalidad, y que además casi siempre termina en el enfrentamiento o en imposiciones que originan resentimiento y marginamiento forzado.
En el plano legal, los dirigentes de los grupos enfrentados, pero principalmente el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, deberían cuidar que el conflicto por la fuerza de los hechos no provoque un caos constitucional que podría afectar en lo futuro las bases constitucionales de un texto que ha sido propuesto y aprobado por el pueblo boliviano como un instrumento de transformación y cambio y de protección a los derechos de los pueblos indígenas.
El problema, efectivamente, puede tener salidas como la anulación de la norma, es decir, de la Ley 180 o la aprobación de otra ley, pero necesariamente cualquiera de estas dos posibilidades pasa por consulta entre los dos sectores ahora enfrentados. Si no existe un ambiente propicio para el diálogo es posible que el problema ingrese a un callejón sin salida, no sólo para el Gobierno, sino en la proyección social que tienen los pueblos indígenas para autogobernarse y en lo que concierne al respeto constitucional, pues si existen normas, mucho más establecidas en la primacía que representa una Constitución y que no se aplican, tienden a degradarse y el mismo cuerpo constitucional empieza a perder credibilidad. De tal modo que el conflicto del TIPNIS debe ser reconducido en sus propuestas de solución, con un gran esfuerzo de los grupos enfrentados y del Gobierno. El diálogo debe retornar aunque el problema es quién o qué instancia lo puede promover de manera idónea.
Fuente: Opinión
Fecha: 03-Feb-2012
